La manifestación del pasado sábado 21 de enero en Valencia fue el segundo acto del drama de los recortes en Educación. El primero comenzó hace un par de años con la escena de la no contratación de miles de interinos, al que le siguió la reducción silenciosa del 5% de nuestro sueldo y que ha culminado, de la manera más anticlimática, con la publicación del
Decreto-Ley del Gobierno Valenciano que elimina las vacaciones de los docentes no definitivos que disfrutan de vacante, la eliminación de complementos salariales y el pago de la mitad de los sexenios, para los que no se reconocerán este curso y el siguiente en su cobro futuro.
Este Decreto, además, contempla una disposición que auguraría el despido del 25% de la plantilla de personal interino, de cualquier servicio público transferido, si el Consell de Hacienda del señor Vela lo estima oportuno, lo que marcaría un tercer acto trágico, donde no solo habrían más parados y más familias en una situación económica desesperada, sino que muchos colegios, institutos, farmacias, hospitales y ambulatorios, por tratar, solo, de los servicios básicos, se verían forzados a cerrar o a mantener una actividad que no satisfaría las necesidades más elementales de los ciudadanos. Esto ya ocurre en los centros concertados y públicos que no reciben el dinero que les adeuda Conselleria d’Educació para sufragar los gastos de mantenimiento, de los que ahora se hace eco la prensa cuando informan de que
un colegio ha cerrado porque les han cortado la luz por impago o publican la imagen de los
estudiantes tapados con mantas en plena clase porque no tienen dinero para pagar el gasoil de la calefacción, una estampa que saltó de Facebook a los medios de comunicación y que le costó la expulsión, con su posterior readmisión, al alumno que la difundió.
El contraste se encuentra en tantos años de despilfarro y robo indisimulado de las arcas públicas que han precipitado a la Comunidad Valenciana a la quiebra técnica. Desde la presidencia de Eduardo Zaplana, se han gastado miles de millones de euros en proyectos megalómanos, deficitarios, mal gestionados y del todo superfluos para los valencianos como Terra Mítica, el circuito urbano de F1, la Ciudad de la Luz, las instalaciones para la Copa América, la Ciudad de las Artes y las Ciencias o la última y más flagrante malversación, el aeropuerto sin aviones de Castellón, en la que ya se puede admirar la estatua de su hacedor, Carlos Fabra, en un costoso ejercicio de culto a la personalidad perpetrado por el artista Ripollés. La presidencia de Camps añadió las tramas de corrupción Gürtel, que afecta también a Iñaki Urdangarín, la gestión de las aguas residuales en Valencia o la de basuras en Orihuela. No me detengo, sin embargo, en las cuarenta empresas públicas de dudosa legalidad que han originado gran parte de la deuda que la arrastra la Generalitat y que no se pudo paliar con la emisión de bonos patrióticos. Tampoco detallo que el recorte de los mil millones de euros que sufrimos es solo el principio, pues la deuda total alcanzará los 62.000.000.000., una cifra que no se ha logrado por la inversión en Educación, Sanidad o en servicios sociales para mejorar la calidad de vida de los valencianos. De hecho, muchos estudiantes y docentes recordamos que en los tiempos de bonanza económica, cuando nos visitaba el Papa y se regalaban bolsos de Louis Vuitton por doquier, gran parte de los centros educativos se desparramaban en barracones infectos, se obligaba a impartir Ciudadanía en inglés, se contrataban inspectores a dedo para velar que así se hiciera y se promocionaba la optativa de Chino a la vez que se reducía el número de plazas en oposiciones o se tardaban semanas en cubrir una baja laboral.
En resumen, los servicios públicos de la Comunidad Valenciana no se beneficiaron cuando hubo dinero, ni originaron la crisis, ni la agravaron, ni su recorte será la solución de nada: será, en todo caso, un parche populista que estallará tarde o temprano y que lastrará el futuro de millones de valencianos.
